El pasado 19 de mayo, en el fundo Choyocca, provincia de Aymaraes (Apurímac), el agricultor Ernesto Navarro fue víctima de un violento asalto protagonizado por cinco sujetos armados y encapuchados, quienes lo interceptaron tras exigirle la llave de una tranquera que bloqueaba el paso hacia Chalhuanca. Al negarse, el poblador fue brutalmente golpeado, quedando herido e inconsciente.

Según versiones locales, el ataque estaría relacionado con la minería informal en la zona del Apu Pisti, donde los mineros buscan rutas alternas para trasladar el mineral hacia las plantas procesadoras de Nasca, evitando las vías controladas por otras comunidades que exigen pagos por el tránsito.

Este hecho ha encendido las alarmas entre autoridades y pobladores, quienes exigen medidas inmediatas para frenar la creciente ola de violencia vinculada a la minería informal, actividad que no solo pone en riesgo la seguridad de las personas, sino también la conservación de las fuentes de agua como la laguna de Choyocca y los bofedales cercanos.

Se estima que en la zona operan al menos 20 registros mineros informales (Reinfo), y que cerca de 350 personas laboran en actividades no reguladas, generando constantes disputas por el control de los socavones y las rutas de transporte.

El alcalde provincial de Aymaraes, Gustavo Carrillo Segovia, advirtió que Chalhuanca no puede seguir el mismo camino de violencia que se vive en otras zonas mineras del país y propuso la creación de un Área de Conservación Regional (ACR) para proteger las fuentes hídricas y la biodiversidad de la zona.

A pesar de los operativos realizados por la Policía y el Ministerio Público, los resultados han sido limitados, ya que los mineros suelen abandonar los campamentos y los materiales antes de las intervenciones.

Pobladores y dirigentes comunitarios demandan que las autoridades nacionales asuman un rol más firme para controlar la actividad minera ilegal y evitar que la situación en Chalhuanca se desborde.