El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez, en el marco del proceso que enfrenta por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La medida fue dispuesta por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, quien además ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

La decisión revoca la comparecencia con restricciones que Chávez mantenía desde meses anteriores. Según la resolución judicial, la ex funcionaria incumplió las reglas de conducta, entre ellas la obligación de acudir al control biométrico y asistir al juicio oral, lo cual incrementa el riesgo de fuga y obstaculización del proceso.

Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Perú desde el 3 de noviembre, luego de recuperar temporalmente su libertad por un fallo del Tribunal Constitucional. El juez Checkley señaló que la investigada habría aprovechado esta condición para evitar las citaciones judiciales y alejarse del control de las autoridades.

En su resolución, el magistrado indica que desde un inicio existían indicios de peligro de fuga, recordando que Chávez intentó refugiarse en la Embajada mexicana inmediatamente después del golpe de Estado y que, además, habría ocultado su teléfono celular y facilitado la extracción de equipos de la PCM.

Con la medida dictada, se dispuso que la Policía Nacional del Perú inicie el procedimiento de ubicación y captura en todo el territorio nacional, mientras que la Interpol deberá activar los mecanismos correspondientes a nivel internacional.

Ante la disposición judicial, la PNP ha reforzado la vigilancia en los alrededores de la representación diplomática mexicana.

En el plano político, la posibilidad de inhabilitar a Betssy Chávez por diez años quedó en suspenso. El Pleno del Congreso no alcanzó los 68 votos requeridos; sin embargo, se han presentado pedidos de reconsideración para repetir la votación. La fecha de este nuevo debate aún no ha sido establecida.

Mientras tanto, el Ejecutivo peruano ha decidido postergar la decisión sobre el salvoconducto solicitado por la Embajada de México. El Gobierno consultará a la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de adoptar una posición definitiva, en un proceso que podría resolverse a inicios de diciembre.