La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó, el informe final que recomienda la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente» en el marco del caso «Cirugías»; con 9 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra de los miembros titulares y alternos.

En abril de 2025, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó con mayoría un informe preliminar que acusa a la presidenta de abandono de funciones por someterse entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023 a al menos cinco cirugías estéticas (rinoplastia, blefaroplastia, injertos y hilos tensores), sin comunicar nada al Congreso ni activar el mecanismo de sucesión constitucional. Según la documentación, no despachó labores oficiales, permaneció dos días internada y cumplió un reposo médico de 7 a 12 días, violando artículos 114, 115 y 118 de la Carta Magna y configurando una posible incapacidad moral permanente.

El informe concluye que hubo ausencia total de actividades, falsedad en las explicaciones dadas y una convalecencia irregular que elevó el riesgo institucional . Aunado a esto, se le imputan comportamientos previos como el Rolexgate, el uso irregular de bienes estatales y su negativa a transparentar las firmas y nombramientos emitidos durante su supuesto descanso.

Pero el caso va más allá: 49 civiles muertos en protestas durante 2022–2023 —símbolo del uso excesivo y con frecuencia letal de la fuerza policial y militar— han generado procesos por homicidio calificado, incluso de carácter internacional. Reportes de Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch revelan ejecuciones extrajudiciales, sesgo racista y probables responsabilidades penales de la mandataria. Las regiones de Puno y Apurímac fueron epicentros de la represión, con casos como la Masacre de Juliaca (18 civiles muertos) y la tragedia en Ilave (6 militares ahogados).

El 6 de junio de 2025, la Comisión elevó otro informe sobre el caso “Cofre”, recomendando la vacancia por “quiebre moral” y «faltas reiteradas a la verdad». En contraste, fujimoristas y aliados han protegido políticamente a Boluarte, absteniéndose de votar en momentos clave.

Mientras, la Fiscalía ha presentado múltiples denuncias constitucionales (tercera ocasión en mayo 2025), señalando responsabilidad en la cadena de mando por homicidio calificado y omisión funcional. A su vez, Boluarte ha recurrido al Tribunal Constitucional para intentar defenderse y lanzar discursos de “asedio” político .

En marzo de 2025 anunció elecciones generales para abril de 2026, buscando legitimarse frente a una fuerte desaprobación ciudadana del 93 %, aunque eso no detiene la oleada de exigencias: la vacancia parece ser un punto inevitable dado este escenario complejo de crisis estructural, corrupción institucionalizada y violaciones a derechos humanos.