Fuente: Diario Chaski

Las movilizaciones de mineros artesanales, agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), mantienen interrumpido el tránsito en siete tramos de carreteras nacionales en las regiones de La Libertad, Cusco, Ica y Arequipa, generando un panorama de caos vehicular, amenazas de desabastecimiento y significativas pérdidas económicas en plena temporada invernal.

De acuerdo con el último informe emitido por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), los bloqueos afectan puntos clave de las rutas Longitudinal de la Costa Sur y de la Sierra. Esta situación está impactando gravemente el desplazamiento de camiones de carga pesada y buses interprovinciales.

Zonas afectadas por los bloqueos:

  • Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (La Libertad)

  • Vía Mara – Velille (Cusco)

  • Tramos de la Longitudinal de la Costa Sur (Arequipa e Ica)

En Ica, miles de vehículos, entre buses y camiones, llevan más de tres días detenidos, formando colas de hasta dos kilómetros. Si bien los manifestantes permiten el paso en ciertos momentos, esto ocurre de forma intermitente y sin previsión clara.

Abastecimiento en riesgo

Carlos Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, alertó sobre el inminente desabastecimiento de gas y productos de primera necesidad, especialmente si los bloqueos continúan en los sectores de Ocoña y Chala.

“Si esto se extiende 24 horas más, el sur se quedará sin gas. Ya se están perdiendo alimentos perecibles. Es urgente que se restablezca el tránsito”, advirtió.

¿Qué exigen los mineros?

Los mineros rechazan el Decreto Supremo N.º 012-2025E-EM, que amplía el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2025. Alegan que la medida no atiende de fondo sus demandas y mantiene trabas para la formalización.

Exigen que se apruebe la propuesta de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE), que plantea una vía más inclusiva y efectiva para el sector.

El Gobierno anuncia medidas

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, advirtió que se actuará con firmeza para restablecer el orden en las vías, recordando que las carreteras son de uso público y que el derecho a protestar debe ejercerse dentro de los límites legales.

En esa línea, el abogado penalista Mario Amoretti explicó que el bloqueo de vías constituye un delito, penado con entre tres y seis años de prisión. En caso de extorsión, las penas pueden ser aún mayores.

“Están cometiendo un delito en flagrancia. La Policía está facultada para intervenirlos”, indicó Amoretti en declaraciones a RPP.

Consecuencias en aumento

Mientras las mesas de diálogo no avanzan, rutas como Arequipa–Lima, que usualmente se recorren en 16 horas, ahora pueden tomar más de dos días. Los transportistas deben desviarse por cerros o esperar tramos habilitados momentáneamente por los propios manifestantes.

El Gobierno sigue monitoreando la situación con preocupación, ya que se teme una crisis en la cadena de suministro en el sur del país si no se logra una solución rápida.