Lima. El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Ollanta Humala Tasso, disponiendo la nulidad de todo el proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado, decisión que permitirá su salida del establecimiento penitenciario donde permanecía recluido.
La resolución alcanza las investigaciones preliminares iniciadas en 2019, así como todas las actuaciones judiciales derivadas de ellas, incluida la sentencia emitida el 29 de abril de 2025, mediante la cual Humala fue condenado a 15 años de prisión.
La decisión fue aprobada por mayoría de votos. Cinco magistrados respaldaron el fallo, mientras que dos integrantes del Tribunal Constitucional votaron en contra y consideraron que la demanda debía ser declarada improcedente.
TC cuestiona aplicación retroactiva de la ley
Entre los principales fundamentos de la sentencia, el Tribunal sostuvo que los hechos atribuidos al exmandatario corresponden a una figura penal que fue incorporada a la legislación peruana en 2016, por lo que no podía aplicarse a presuntas conductas ocurridas durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011, al considerar que ello vulneraría el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal.
Asimismo, el colegiado señaló que no se acreditó de manera suficiente el delito precedente que habría originado los recursos investigados ni que Humala conociera el supuesto origen ilícito de dichos fondos.
En consecuencia, el TC ordenó que el Ministerio Público archive el proceso y que el órgano jurisdiccional correspondiente defina la situación jurídica del expresidente una vez recibida la notificación de la sentencia.
Caso continuará generando debate jurídico.
No obstante, la decisión no fue unánime. Los magistrados que emitieron votos en minoría sostuvieron que el Tribunal Constitucional no debía intervenir mientras la condena aún era objeto de revisión en la vía judicial ordinaria y consideraron que el análisis de la tipificación penal correspondía a los jueces penales.
Ollanta Humala cumplía condena por el caso relacionado con el presunto financiamiento irregular de sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, investigación en la que la Fiscalía sostenía que se habrían utilizado recursos de origen ilícito para financiar actividades políticas. La resolución del Tribunal Constitucional deja sin efecto dicho proceso y ordena su inmediata liberación, mientras continúa el debate jurídico en torno a los alcances del fallo.
