En una sesión histórica realizada pasada la medianoche, el Congreso de la República aprobó la vacancia presidencial contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por la causal de incapacidad moral permanente. La decisión fue respaldada por 122 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, superando ampliamente el mínimo constitucional exigido.
Antecedentes del proceso
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El proceso comenzó el 9 de octubre, cuando diversos grupos parlamentarios presentaron cuatro mociones de vacancia motivadas por denuncias de corrupción, inseguridad ciudadana, omisión de liderazgo y falta de transparencia.
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El Pleno aprobó la admisión a debate de las mociones en sesión vespertina, citando a la presidenta para que ejerza su derecho de defensa a las 23:30 horas.
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Boluarte no acudió para defenderse, alegando que se le había otorgado poco tiempo para preparar su participación.
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El momento decisivo del voto final ocurrió alrededor de las 00:01 del 10 de octubre, y al cabo de unos minutos el Congreso proclamó oficialmente la destitución.
Consecuencias institucionales
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Con la vacancia aprobada, y ante la ausencia de vicepresidentes, la presidencia del país recae en el presidente del Congreso, José Jerí Oré, quien juró como mandatario interino para completar el mandato constitucional.
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La destitución tiene lugar en medio de un ambiente de fuerte crisis política y social: baja aprobación presidencial —con índices estimados entre 2 % y 4 %—, escándalos públicos como el caso “Rolexgate”, acusaciones de uso excesivo de la fuerza en protestas y una ola creciente de delitos en todo el país.
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El ataque armado durante la presentación del grupo Agua Marina en Chorrillos, que dejó varios heridos, fue señalado por algunos sectores como un punto crucial que aceleró el proceso de vacancia.
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En respuesta al nuevo escenario, el mandatario interino ha llamado a la reconciliación nacional, al diálogo político y al orden institucional, prometiendo gobernabilidad temporal hasta las elecciones previstas para abril de 2026.




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