Una nueva controversia surge en el escenario político nacional tras la difusión de documentos que vinculan a Jesús Pérez Alccahuaman, virtual diputado por Juntos por el Perú, con una denuncia por presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de coacción.

Según una copia certificada emitida por la Policía Nacional del Perú, la denuncia fue registrada en junio de 2019, aunque los hechos datarían de octubre de 2018. El caso se ubica en la comunidad de Yumire, en el distrito de Oropesa.

En el documento se menciona a Pérez Alccahuaman como parte de una relación de investigados en un proceso vinculado a una presunta coacción en agravio de una empresa minera. Asimismo, se indica que el caso formó parte de una carpeta fiscal abierta para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La difusión de esta información ha generado cuestionamientos en sectores ciudadanos y políticos, que demandan mayor claridad sobre los antecedentes de quienes aspiran a ejercer cargos públicos. Hasta el momento, el virtual diputado no ha emitido un pronunciamiento detallado respecto a este caso.

Especialistas en materia legal recuerdan que la existencia de una denuncia no implica responsabilidad penal, ya que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar, en el marco del debido proceso, si existe o no delito.

El caso reabre el debate sobre los estándares éticos en la representación política, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia e idoneidad en sus autoridades.