Las intervenciones son dirigidas por el Ministerio Público y ejecutadas con la participación de la Policía Nacional del Perú, además del apoyo de las Fuerzas Armadas cuando las condiciones de seguridad lo requieren.
Los operativos de interdicción contra la minería ilegal en el Perú se desarrollan mediante el trabajo articulado de diversas instituciones del Estado, con el objetivo de combatir esta actividad ilícita que genera graves impactos ambientales, económicos y sociales en distintas regiones del país.
De acuerdo con la normativa vigente, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público lideran las investigaciones por delitos ambientales y dirigen las acciones fiscales durante las intervenciones. En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecuta las labores operativas y garantiza la seguridad del personal participante en los operativos.
En aquellas zonas consideradas de alto riesgo o de difícil acceso, las Fuerzas Armadas brindan apoyo logístico y de seguridad, conforme a las disposiciones legales, para facilitar el desarrollo de las acciones de interdicción y proteger a las autoridades encargadas de las diligencias.
Durante estas intervenciones, las autoridades suelen decomisar maquinaria pesada, combustible, explosivos, equipos y otros insumos utilizados en actividades de minería ilegal, además de destruir campamentos clandestinos y poner a disposición de la justicia a las personas involucradas, cuando corresponde.
Especialistas en seguridad y gestión pública coinciden en que la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las demás entidades competentes resulta fundamental para enfrentar una actividad que, en muchos casos, está vinculada a otros delitos como el tráfico de explosivos, la trata de personas, el lavado de activos y diversas formas de criminalidad organizada.
Las autoridades sostienen que el fortalecimiento del trabajo interinstitucional es una de las principales estrategias para mejorar la capacidad del Estado en la lucha contra la minería ilegal, proteger los ecosistemas afectados y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y penal en todo el territorio nacional.
