Especialistas advierten que el avance de esta actividad responde a una combinación de factores económicos, sociales y legales, mientras crecen los conflictos durante los operativos de interdicción.
El avance de la minería informal e ilegal en diversas regiones del país continúa generando preocupación, luego de que recientes operativos de interdicción evidenciaran la resistencia de algunas comunidades a las acciones de las autoridades. Especialistas sostienen que este fenómeno está relacionado con la escasa presencia del Estado, la crisis económica en las zonas rurales y el incremento sostenido del precio del oro y el cobre.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro poblado de Nueva Esperanza, distrito de Puños (Huánuco), donde un grupo de pobladores intentó impedir un operativo policial contra un campamento de minería ilegal. Un hecho similar se registró en Hualgayoc (Cajamarca), donde decenas de personas ingresaron a una comisaría para liberar a siete detenidos vinculados a actividades de extracción ilegal.
Asimismo, investigaciones y denuncias previas también han alertado sobre el respaldo que algunas organizaciones comunales brindarían a la minería ilegal en determinadas zonas, situación que dificulta las labores de fiscalización y control ambiental.
Especialistas consultados coinciden en que el incremento del valor internacional de los metales ha convertido a la minería en una alternativa económica mucho más rentable que la agricultura para muchas familias rurales. A ello se suma la falta de oportunidades laborales, las brechas sociales y la limitada presencia del Estado mediante servicios básicos, infraestructura y programas de desarrollo.
Otro factor señalado es el funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que, según algunos analistas, ha sido utilizado por numerosos mineros para continuar operando sin culminar su proceso de formalización, generando un escenario de incertidumbre jurídica y dificultades para el control de las actividades extractivas.
Los especialistas también advierten que el crecimiento de la minería informal suele estar acompañado por otros delitos, como el tráfico ilegal de explosivos, la trata de personas y diversas formas de violencia, lo que incrementa la complejidad del problema en las zonas donde se desarrolla esta actividad.
Frente a este panorama, plantean la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las comunidades, impulsar alternativas de desarrollo económico sostenible, revisar el proceso de formalización minera y reforzar la fiscalización de toda la cadena de comercialización del mineral, con el objetivo de reducir la expansión de la minería ilegal y sus impactos sociales y ambientales.
